INHABILITAN A OTRA DIPUTADA DEL PSUV: JENNY CEDEÑO NO VA PAL BAILE


ULTIMA HORA ULTIMA HORA
DIPUTADA JENNY CEDEÑO NO PUEDE SER CANDIDATA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DECLARON SIN LUGAR SU APELACION

PRENSAJUICIO: QUE FALTA DE SERIEDAD DE LA MENCIONADA AL INSCRIBIRSE COMO CANDIDATA CON CONOCIMIENTO DE ESTA RESOLUCION. EN UN PARTIDO SERIO ESTO SERIA CAUSAL DE EXPULSION POR EL PROBLEMA MORAL. LO MAS TRISTE, ES QUE POR SER ASTUTA O “VIVA” COMO DECIMOS EN CRISTIANO MARACUCHO LE PASO ESTE, PORQUE AL LEER SE DARAN CUENTA QUE NO CUMPLIO CON LA SENTENCIA DEL 2006 Y DE HABERLO HECHO, OTRO GALLO CANTARIA.
¿SUBIRA LA QUE LLEGO POR 600 VOTOS MENOS DE SEGUNDA, LA ABOGADA ELBA ALVARADO? EL REGLAMENTO NO DICE NADA SOBRE EL PARTICULAR, ASI QUE DEBE DECIDIR LA DIRECCION NACIONAL. ¿O VOLVERAN A HACER ELECCIONES Y DE REPENTE FRANK DE ARMAS SE INSCRIBE Y LE DA TIEMPO Y LE DEJA LA PELUCA AL PPT?
ESTA DECISION LE RESTA UNO MAS A LOS ACTUALES DIPUTADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL EN SU AFAN REELECCIONISTA. QUEDAN EN PLAY (EN JUEGO) SOLO MARIO ISEA Y LISANDRO CABELLO. Y SOBRE LA ELECCION DE MARIO ISEA HAY MUCHOS RUMORES Y COMENTARIOS

¿Y que paso con la moral señores del PSUV, uds tienen la palabra?
Por supuesto la oposición de una vez debe impugnar su designación, no vaya a ser que el PSUV quiera pasar este strike. Pero repito es un buen momento para saber de que esta hecho el PSUV, porque indudablemente la ciudadana JENNY CEDEÑO, mintió y se burló del electorado de los militantes del PSUV, al participar con conocimiento de la sanción moral en su contra. Por cierto, algunos medios sabian de esto y lo callaron. Por algo este blog es CAIGA QUIEN CAIGA, NO OCULTAREMOS NADA Y NO TENEMOS BOZAL DE AREPAS. Los militantes del PSUV deben pedir sanciones ejemplares para este tipo de comportamiento. El Cacharro CARRASQUERO, ES EL PONENTE. AQUI LES VA LA SENTENCIA COMPLETA PARA QUE USTEDES HAGAN EL JUICIO CON PROPIEDAD.

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

El 10 de agosto de 2007, comparecieron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los abogados Miguel Rondón y Claudia Valentina Mujica Añez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 56.367 y 37.020, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana JENNY ELINA CEDEÑO MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad n° 11.247.724, y solicitaron la revisión de la sentencia n° 02898 dictada el 19 de diciembre de 2006, por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal.

El 14 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Los días 23 de octubre de 2008, 24 de marzo de 2009 y 22 de febrero de 2010, los apoderados judiciales de la solicitante, pidieron pronunciamiento.

Efectuado el análisis del caso, esta Sala para decidir pasa a hacer las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTOS DE LA REVISIÓN

Los representantes judiciales de la solicitante expusieron lo que sigue:

Que a su representada se le lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de que la Sala Político Administrativa impuso a la ciudadana Jenny Cedeño, “la carga de publicar un cartel de emplazamiento, aplicando esa obligación, la cual está destinada por el legislador patrio, para los actos administrativos de efectos generales, toda vez que al demandar la nulidad de ellos, se ve afectado el interés general, y no como erradamente lo aplicó en el presente caso, imponer al justiciable, quien tiene el derecho constitucional a acceder a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses frente a un acto administrativo que únicamente afecta su esfera personal y no el interés general, haciendo nugatorio el mismo por la aplicación analógica de la carga procesal del cartel de emplazamiento”.

Indicaron que “aún en el supuesto negado, de que la obligación de solicitar el cartel, publicar y consignar el mismo en el expediente, aplique para los actos administrativos de efectos particulares, en el presente caso no puede castigarse al justiciable, por la aplicación analógica del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil”.

Que la “Sala Político Administrativa declaró desistido el recurso de nulidad de acto administrativo de efectos particulares, por la aplicación del numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por interpretación que hiciere esa misma Sala, en sentencia N° 5481 de fecha 11 de agosto de 2005, que ordena: ‘se debe aplicar supletoriamente, por mandato del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el lapso de treinta (30) días continuos previstos en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que establece la figura de la perención breve, para que en los recursos contencioso administrativos de anulación, se cumpla con la obligación de retirar y publicar el cartel de emplazamiento al que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal. En efecto, dicho lapso de treinta (30) días comenzará a contarse a partir de la fecha en que sea expedido el cartel de emplazamiento, y será dentro del mismo que el recurrente deberá retirar y publicar el ejemplar del periódico donde fue publicado el referido cartel, contando luego con tres (3) días de despacho siguientes a dicha publicación para su consignación en autos; de manera que cuando el recurrente no cumpla con la carga procesal aquí descrita procederá la declaratoria de desistimiento, la cual se verifica como una sanción para la parte actora en virtud de su inactividad en el procedimiento’”.

Que, sin embargo, el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece la sanción procesal de la perención breve, cuando transcurridos treinta (30) días a constar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado; no obstante, en su caso se dieron las siguientes actuaciones:

(i) El 3 de marzo de 2006, la Sala Político Administrativa declaró su competencia, admitió el mismo y declaró improcedente el amparo cautelar solicitado.

(ii) El 16 de mayo de 2006, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, mediante oficio acordó oficiar a la Contraloría General de la República solicitando el expediente administrativo relacionado con el caso.

(iii) El 29 de mayo de 2006, por oficio n° 08-01-643, el Director de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República, remitió el expediente solicitado.

(iv) El 20 de junio de 2006, el Juzgado de Sustanciación señaló:

“‘ (…) Igualmente, en dicho fallo la Sala declaró improcedente la acción de amparo cautelar interpuesta, ordenando la remisión del expediente a este Juzgado de Sustanciación a los fines supra indicados; por ello, revisada como ha sido la causal de inadmisibilidad referida a la caducidad y como quiera que no se encuentra presente en esta solicitud, se acuerda de conformidad con lo dispuesto en el aparte once del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, citar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Procuradora General de la República, remitiéndoles copias certificadas de la solicitud, de la documentación acompañada a ésta, de la decisión N° 00583 y del presente auto. Líbrense oficios.

La citación de la ciudadana Procuradora General de la República se practicará con arreglo a lo ordenado en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Líbrese el cartel a que se refiere el aparte once del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en el tercer (3er.) día de despacho siguiente a aquél en que conste en autos las citaciones ordenadas’”.

(v) El 27 de julio de 2006, la Sala declaró improcedente la medida de suspensión de efectos del acto cuya nulidad se solicitaba.

(vi) La citación del demandado se produjo el 10 de octubre de 2006, de acuerdo a la diligencia consignada por el Alguacil de la Sala.

Señalaron que de acuerdo a lo anterior “se comprueba, que sí se produjo la citación del demandado, por lo cual, no puede aplicarse la situación particular de la recurrente, analógicamente la sanción procesal establecida en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil por incurrir en un verdadero falso supuesto, que afecta de forma directa el derecho de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 26 constitucional”.

Que “en el presente caso ha ocurrido un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución, toda vez que se apartó el Juzgador del concepto de debido proceso y de acceso a la justicia, ampliamente desarrollado por jurisprudencia de esta Sala, ya que alteró el orden procesal inaplicando normas procesales de orden público, obviando por completo la interpretación de la norma constitucional”.

En consecuencia, solicitan la revisión de la decisión dictada por la Sala Político Administrativa, se deje sin efecto la misma y, se ordene a dicha Sala conozca del fondo de la pretensión sin tomar en consideración el lapso desde que se produjo la írrita decisión hasta el del fallo que ordene conocer del recurso de nulidad interpuesto.

III
DE LA DECISIÓN CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

La decisión dictada el 19 de diciembre de 2006, por la Sala Político Administrativa, que declaró desistido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional y, subsidiariamente, solicitud de suspensión de efectos, fue del siguiente tenor:

“I

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto a la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los terceros interesados en el caso de autos y, al efecto, observa:

El emplazamiento a los terceros interesados en los juicios que se tramiten ante el Máximo Tribunal de la República, está regulado por el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

‘[…]’

De la norma parcialmente transcrita se desprende que el legislador previó la figura del desistimiento tácito, para aquellos casos en que el recurrente no consignara en autos, dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes a la publicación, un ejemplar del periódico donde apareciere el cartel de emplazamiento a los terceros interesados. Sin embargo, no estableció el lapso para retirar dicho cartel, así como tampoco la consecuencia jurídica que traería su falta de retiro una vez librado.

Sobre este particular la Sala se pronunció, estableciendo mediante sentencia Nº 5481 de fecha 11 de agosto de 2005, el lapso para retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a que se refiere el artículo 21 aparte undécimo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

‘[…]’

De conformidad con el fallo citado, el lapso para retirar el referido cartel de emplazamiento es de treinta (30) días continuos a partir de la fecha de su expedición, lapso previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos contenciosos administrativos por remisión expresa del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, estableció esta Sala en la referida sentencia, que la consecuencia jurídica del incumplimiento del recurrente de la carga procesal de retirar el cartel librado por el Juzgado de Sustanciación en el tiempo señalado, es la declaratoria de desistimiento del recurso interpuesto.

En el caso de autos, advierte la Sala que en fecha 5 de octubre de 2006 el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados. Ahora bien, desde el 5 de octubre de 2006 hasta la fecha de esta decisión, el recurrente o su representante judicial no han retirado el aludido cartel; con lo cual han transcurrido con creces los treinta (30) días de los que disponía la ciudadana Jenny Elina Cedeño Márquez para tal fin.

En consecuencia, debe la Sala declarar el desistimiento del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por el abogado Javier Simón Gómez González, actuando con el carácter de apoderado judicial de la referida ciudadana, contra las Resoluciones Nos. 01-00-028 y 01-000-111, de fechas 12 de junio y 23 de diciembre de 2003, respectivamente, dictadas por el Contralor General de la República. Así se declara.

II
DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional y, subsidiariamente, solicitud de suspensión de efectos, por el apoderado judicial de la ciudadana JENNY ELINA CEDEÑO MÁRQUEZ, contra las Resoluciones Nos. 01-00-028 y 01-000-111, de fechas 12 de junio y 23 de diciembre de 2003, respectivamente, dictadas por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado”.

III
COMPETENCIA

La potestad de revisar los fallos dictados por algunas de las Salas de este Máximo Tribunal y de los demás tribunales del país, la ejerce de manera exclusiva esta Sala Constitucional conforme lo prevé el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece que es competencia de esta Sala Constitucional “[r]evisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”, y a lo previsto en la sentencia n° 93/2001, caso: Corpoturismo, dictada por ésta en atención a lo dispuesto por el artículo 335 eiusdem, la cual estableció que esta Sala Constitucional podrá revisar manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional “Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

Por tanto, visto que en el presente caso ha sido solicitada la revisión de una decisión dictada por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala asume la competencia conforme a lo previsto las disposiciones señaladas, aplicable en atención a la letra b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La revisión extraordinaria, ha sido concebida como un medio para preservar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, o para corregir graves infracciones a sus principios o reglas (cf. sents. 1760/2001 y 1862/2001). Su extraordinariedad justifica la manera selectiva con que se juzga la admisibilidad de las solicitudes interpuestas, pues la Sala no está vinculada a las peticiones que se hagan en este sentido (cf. sent. 44/2000, caso: Francia Josefina Rondón Astor).

El artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no preceptúa, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos de amparo constitucional o de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas. El precepto constitucional que se refirió lo que incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para la Sala Constitucional.

En tal virtud, al momento de la ejecución de tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, al ejercicio de la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de fallos que han adquirido dicho carácter de cosa juzgada.

En el caso de autos, el objeto de la solicitud de revisión lo constituye la decisión que dictó el 19 de diciembre de 2006, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró desistido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional y, subsidiariamente, solicitud de suspensión de efectos contra las Resoluciones núms. 01-00-028 y 01-000-111, del 12 de junio y 23 de diciembre de 2003, respectivamente, dictadas por el Contralor General de la República; ello en virtud de que desde el 5 de octubre de 2006 hasta la fecha de la decisión, la parte recurrente o su representante judicial no retiraron el cartel de emplazamiento librado, transcurriendo con creces los treinta (30) días de los que disponía la ciudadana Jenny Elina Cedeño Márquez para tal fin, todo de conformidad con el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos contenciosos administrativos por remisión expresa del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, la Sala Político Administrativa dictó su decisión conforme al criterio asentado por dicha Sala en la sentencia n° 5481 del 11 de agosto de 2005, en la cual se estableció el lapso para retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a que se refiere el artículo 21, aparte undécimo, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y la consecuencia derivada en caso de incumplimiento.

Dicha decisión establece que el lapso es de treinta (30) días, los cuales comenzarán a contarse a partir de la fecha en que sea expedido el cartel de emplazamiento, y será dentro del mismo que el recurrente deberá retirar y publicar el ejemplar del periódico donde fue publicado el referido cartel, contando luego con tres (3) días de despacho siguientes a dicha publicación para su consignación en autos; de manera que cuando el recurrente no cumpla con la carga procesal descrita se procederá a la declaratoria de desistimiento, la cual se verifica como una sanción para la parte actora en virtud de su inactividad en el procedimiento, todo de conformidad con el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que establece la figura de la perención breve, ello por mandato del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. para que en los recursos contencioso administrativos de anulación, se cumpla con la obligación de retirar y publicar el cartel de emplazamiento al que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal.

Esta Sala Constitucional, respecto al procedimiento aplicado para el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, asentado en la sentencia n° 1238 del 21 de junio de 2006, comparte el criterio aplicado por la Sala Político Administrativa, de la siguiente manera:

“2) DEL RETIRO, LA PUBLICACIÓN Y LA CONSIGNACIÓN DEL CARTEL DE EMPLAZAMIENTO.

Visto que se trata de una fase destinada a lograr la citación de los interesados en los términos establecidos en esta sentencia, a este acto procesal se le aplica analógicamente lo dispuesto en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia:

2.A) La parte recurrente cuenta con un lapso de treinta (30) días de despacho para retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento. Dicho plazo se computará a partir del vencimiento del lapso de tres (3) días de despacho con el que cuenta el Juzgado de Sustanciación para librar el cartel, o desde la fecha de la admisión del recurso en el supuesto del inciso B.1.1 de la presente sentencia. De esta forma se amplía el lapso que esta Sala, en la decisión N° 1795/2005, le atribuyó a la parte recurrente para publicar el cartel de emplazamiento, y sigue teniendo operatividad el párrafo 12 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que le establece al recurrente la carga de consignar en actas, dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a la publicación del cartel, un ejemplar de éste publicado en prensa.

2.B) Si la parte recurrente no retira, publica y consigna el cartel de emplazamiento dentro del lapso de treinta (30) días de despacho, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil y ordenará el archivo del expediente.

2.B.1) Si la parte recurrente no consigna un ejemplar del cartel publicado en prensa dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes a su publicación, así no se haya vencido el lapso de treinta (30) días de despacho a que alude los incisos 2.A y 2.B de este fallo, el Juzgado de Sustanciación declarará desistido el recurso y ordenará el archivo del expediente de conformidad con el párrafo 12 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”.

En atención a lo expuesto, esta Sala constata que la Sala Político Administrativa en su decisión no erró al haber declarado desistido el recurso, pues efectivamente, la parte recurrente no compareció ante la Sala para retirar el cartel de emplazamiento, incumpliendo de esta manera con la carga procesal establecida, no asistiéndole la razón a la parte solicitante de que dicha carga es aplicable sólo en los juicios contenciosos administrativos de nulidad contra actos de efectos generales, ni tampoco el argumento de defensa de que la parte autora del acto recurrido había sido citada, de manera que quedará excluida la posibilidad o finalidad del cartel librado, pues el propósito del cartel es poner en conocimiento de interesados -obvios, en el caso del autor del acto; posibles, en el caso de los particulares distintos al recurrente- la existencia de la demanda.

En tal virtud, al no haber sido negado por la recurrente hoy solicitante en revisión, el incumplimiento de la carga procesal que originó la consecuencia jurídica jurisprudencialmente establecida, esta Sala Constitucional concluye que en el caso de autos no se dan los presupuestos establecidos para que proceda la revisión constitucional, a saber, que haya contrariado algún criterio de esta Sala Constitucional, que el asunto contribuya en la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales o que se hayan cometido graves infracciones a sus principios o reglas, por tanto, se declara no ha lugar a la revisión de la sentencia n° 02898 dictada el 19 de diciembre de 2006, por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, solicitada por los abogados Miguel Rondón y Claudia Valentina Mujica Añez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Jenny Elina Cedeño Márquez. Así se declara.

V
DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR a la revisión de la sentencia n° 02898 dictada el 19 de diciembre de 2006, por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, solicitada por los abogados Miguel Rondón y Claudia Valentina Mujica Añez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Jenny Elina Cedeño Márquez.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de abril dos mil diez. Años: 199° de la Independencia y 151º de la Federación.
La Presidenta,

 

Anuncios

Un comentario en “INHABILITAN A OTRA DIPUTADA DEL PSUV: JENNY CEDEÑO NO VA PAL BAILE

  1. buenas noche mi nombre es nancy coromoto guzman anciani y tengo un problema resulta que hace 8 dias me vicito una bicitadora social y me pregunto que si yo queria ser reuvicada una casa de villa santa rita que estan en puerto escondido pero la casa que yo tengo en la gabo es una hija mia que esta enbarazada pero la junta comunal de aqui me la quitaron hami y se la dieron otra familia y aun saviendo que tengo 3 niños especiales y otra cosa a esa jente le gusta vender casa yo solo quiro que usted me ayude con este problema y sy usted quiere vicitarme o mi tle 0264 9344140 si no busque a prima nardi cardozo anciani no lo haga por mi hagalo por mis niños que siqiuera tengan un hogar

    Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s